La Gestora Pública detectó un daño económico contra el Estado de $us 14 millones por las irregularidades en la compra de un software a dos empresas extranjeras del nuevo sistema de pensiones, informaron este domingo autoridades de esta entidad estatal.

"Hablamos de 3 millones de dólares por el caso Sysde (y) hablamos de 11 millones de dólares por el caso Heinsohn", informó el Gerente de la Gestora Pública, Sergio Flores, cuando mencionó el nombre de las dos empresas que se adjudicaron esos contratos durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La Gestora Pública, que administra los fondos de la renta de vejez de los bolivianos, presentó el 30 de junio una denuncia penal contra el exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, por la compra millonaria de un software inexistente a la empresa Sysde y por un contrato millonario de otro software con Heinsohn, que incluía el alquiler de su uso por 40 años.

Aclaró que el caso Heinsohn, el actual Gobierno logró frenar el proceso, pero "eso no significa que no exista responsabilidad penal".

Agregó que en el contrato con Heinsohn, en sus 40 años de vigencia, el Estado iba a erogar cerca de "78 millones de dólares", porque tenía que pagar un derecho de uso o alquiler de 1,6 millones de dólares anuales.

Flores advirtió que esa denuncia no tiene ningún fin político, pero corresponde a la Gestora defender los aportes de los jubilados y los trabajadores, por tanto velar por el uso legal de los recursos que esa institución administra.

No es una persecución política, el equipo y mi persona no son políticos, nosotros hacemos un trabajo técnico y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir transparentando todos los hechos de corrupción que van a venir saliendo de informes de auditorías técnicas, de procedimientos técnicos, pero eso ni no va a haber impunidad para nadie, ni para nada", sentenció.

Fuente: Los Tiempos

Entre el 1 de abril y 3 de este mes, de acuerdo con una cartilla informativa del Ministerio de Economía, el Gobierno destinó más de Bs 4.550 millones para ejecutar 10.155.187 millones de pagos a los beneficiarios de la Renta Dignidad y los bonos Universal, Familia y Canasta Familiar. Estos tres últimos bonos se crearon para aliviar la economía familiar, sobre todo de las vulnerables, durante el periodo de la pandemia del coronavirus.

Del total del monto se desglosa que se asignaron más de Bs 1.756 millones para pagar el bono Universal; Bs 1.406 millones, para el bono Familia; Bs 971 millones, para la Renta Dignidad; y Bs 416 millones, para el bono Canasta Familiar. Del total de pagos, 3.513.455 corresponden al bono Universal; 2.813.837, al bono Familia; 2.789.108, a Renta Dignidad; y 1.038.787, al bono Canasta Familiar.

Según el Ministerio de Economía, de los 3,5 millones de pagos del bono Universal, el 38% se hizo a jóvenes de 20 a 29 años; el 20%, a personas de 30 a 39 años; el 16%, a ciudadanos de 40 a 49 años; el 16%, a personas de 50 a 60 años; y el restante 10%, a jóvenes de 18 a 19 años.

De los 2,8 millones de pagos efectuados del bono Familia, el 43% se destinó a estudiantes de primaria de unidades educativas fiscales; el 35%, a los de secundaria; el 10% a inicial; mientras que el 8% se entregó a alumnos de los colegios privados y el 4% a estudiantes de educación alternativa y especial.

Del millón de pagos realizados del bono Canasta Familiar, el 79% se entregó a las personas de la tercera edad que cobran su Renta Dignidad, pero no perciben otra renta o una pensión de jubilación. El 16% del bono se otorgó a mujeres que reciben el bono Juana Azurduy y el 5% a personas con distintas discapacidades y personas con discapacidad visual.

Fuente: El Deber

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas del Sistema Integral de Pensiones (Conaljusip) Mario Delgado anunció ayer que su sector se sumará a la denuncia penal que lleva la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y el Viceministerio de Transparencia en contra de Luis Arce Catacora, exministro de Economía, por la contratación de dos empresas para la provisión del software para el Sistema Integral de Pensiones.

“Nosotros nos vamos a adherir a esta demanda porque definitivamente somos los afectados. Estamos totalmente compungidos ante el descalabro económico que ha realizado el exministro Arce y el gobierno del MAS y vamos a seguir en este proceso hasta las últimas consecuencias”, señaló el ejecutivo de los jubilados.

Por su parte, la exautoridad y ahora candidato presidencial del MAS señaló que la querella en su contra es falsa y su objetivo es amedrentarlo, además de defender el contrato que la Gestora firmó con la empresa colombiana Heinsohn, por 10,9 millones de dólares, el cual fue anulado por el actual Gobierno.

“Lo único que están haciendo es una campaña política y este amedrentamiento más, esta acusación falsa más, está en la misma línea de hacer la campaña política del partido de Juntos (…) Yo quiero saber por qué se ha parado el contrato que yo hice con la empresa Heinsohn que estaba haciendo el software que estaba haciendo la Gestora. Eso se ha parado, se ha parado como las obras y todo lo que estábamos haciendo por el pueblo boliviano y nadie dice nada”, señaló Arce en una conferencia de prensa.

La denuncia

De acuerdo con Sergio Flores, gerente de la Gestora, la denuncia presentada en contra el exministro se basa en los resultados de tres auditorías realizadas desde diciembre del año pasado a los contratos firmados por la entidad pública con dos empresas, Sysde, de Panamá, en 2017; y Heinsohn, de Colombia, en 2019.

“Los detalles están muy claros, se encuentran dos denuncias por dos contratos lesivos contra el Estado. Tras auditorías y de manera transparente y técnica se han encontrado indicios de responsabilidad penal contra Luis Arce Catacora. El primero por el contrato de software con una empresa de Panamá; nunca tuvimos el software”, señaló la autoridad.

En 2017, la Gestora Pública contrató a la empresa panameña Sysde para la provisión del software para la administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP), por 5,1 millones de dólares.

Según las auditorías realizadas a los contratos, Sysde ofreció el software de AFP Futuro, pero esta AFP, una de las administradoras de pensiones, “no dio su aval para utilizar sus códigos fuente, por lo que dolosamente introduce en el contrato el concepto de ‘otro de calidad idónea’ con el fin de usar la base de otro software de otro país”.

Sin embargo, por este contrato, se pagó el 59% del monto final, es decir tres millones de dólares, los cuales se encuentran en un proceso de arbitraje con la empresa.

En mayo de 2019, la Gestora inició un segundo proceso de contratación para la provisión de software. En este proceso la empresa ganadora fue la colombiana Heinsohn, la cual se adjudicó el contrato por 10,9 millones de dólares, precio 114% superior al contratado anterior con Sysde.

En este caso, el contrato fue anulado, debido a que si bien el contrato señala en que se trata de la adjudicación del software, por lo que se pagarían los 10,9 millones de dólares, en las siguientes cláusulas, el acuerdo establece que en realidad se trata de un “alquiler”, ya que el mismo previene a la Gestora de hacer cambios al programa informático e indica que la entidad reconoce la propiedad del bien por parte de la empresa colombiana.

Arce denuncia daño a la Gestora

• Bonos De acuerdo con el exministro de Economía y actual candidato Luis Arce Catacora, el gobierno de Jeanine Añez habría generado un daño económico a la Gestora de 9,9 millones de bolivianos, al haber vendido unos bonos que, según el candidato, se realizó para inyectar mayor liquidez y pagar la Renta Dignidad. Sin embargo, no dio más información al respecto.
• Gestora Por su parte, el gerente de la Gestora Sergio Flores señaló desconocer los detalles de la denuncia de Arce y le pidió que si tiene pruebas, inicie una querella formal.
• Política Arce acotó que la denuncia en su contra por parte de la Gestora es una “cortina de humo” para tapar un hecho de corrupción y que se produce justo después de que él denunciara que el Plan de Reactivación de Empleo lanzado por el Gobierno es una estrategia para volver al neoliberalismo. El candidato agregó que la intención con las denuncias en su contra es proscribir al MAS de participar en las elecciones.
• Tiempo Flores respondió que la denuncia se hace ahora porque recién se pudieron concluir las auditorías que sustentan la querella.

Fuente: Página Siete

La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de La Paz, por la compra irregular de software que se debió utilizar para la migración de datos de los aportes de los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).

“Nosotros vamos a tomar las acciones que correspondan. Hemos encontrado indicios de responsabilidad penal en la compra de software. Que las instancias respectivas hagan su trabajo. Las pruebas que se encontraron a través de auditorías, son contundentes. No vamos a aceptar ningún tipo de impunidades”, señaló este martes, en su audiencia de rendición pública de cuentas, el gerente general de la Gestora, Sergio Flores.

Según las investigaciones preliminares de la Gestora, en 2017 y 2019, se firmaron dos contratos para la adquisición de un software especializado para la implementación del Sistema Integral de Pensiones de esta entidad.

El primero, se suscribió con la panameña Sysde Internacional Inc. en 2017 por $us 5,1 millones. Tras rescindir el convenio por incumplimiento, se refrendó uno nuevo con la colombiana Heinsohn Business Technology, el 23 de octubre de 2019, tres días después de las Elecciones Generales, por un monto de $us 10,9 millones, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso EL DEBER.

La empresa panameña Sysde Internacional Inc. debía entregar 83 productos de software con 890 adecuaciones normativas operativas del sistema y tenía que migrar el 100% de los datos de las AFPs Futuro de Bolivia y BBVA Previsión.

La firma colombiana Heinsohn Business Technology cobraría un total de $us 10.983.502. Para cumplir con el convenio de la migración de datos y el plazo de 32 meses (incluyen 20 meses de desarrollo y puesta en producción), proporcionaría 151 funcionarios y 124 programadores.

En el primer contrato el Estado erogó $us 3 millones. El segundo se suspendió en diciembre.

Edificio

Además, el gerente de la Gestora, apuntó a la compra por $us 2,7 millones, de tres plantas de un edificio cuyo primer piso corre peligro de caerse. A principios de año, Flores ya había adelantado que iniciará procesos legales que podrían caer sobre exministros y exautoridades ejecutivas de la entidad, en el Gobierno anterior.

“Se compró un edificio de 2.000 metros cuadrados (m2), de tres plantas. Pero la planta baja era un parqueo de autos. Le pusieron calamina, techo falso, cerámica para el piso, pintaron pared, le compraron material de oficina y lo vendieron a precio de oficina. Ahora están cediendo los ladrillos Todavía estamos en proceso de evaluación con un ingeniero. Pero tenemos información de que si graniza, se puede caer el techo. Por eso no hay gente trabajando en esta área”, dijo en su momento.

Fuente: El Deber