En medio de una serie de observaciones al financiamiento para la devolución de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el Ministerio de Economía informó ayer que los recursos de las fuentes de financiamiento están garantizados y que bordean los 3.900 millones de bolivianos.
A través de un boletín oficial, esta cartera de Estado señaló que el desembolso de recursos, que se iniciará el 5 de octubre, no afectará al Sistema de Pensiones, debido a que posee un equilibrio entre la devolución de aportes y las prestaciones en curso como la pensión de vejez, pensión solidaria de vejez y pensiones por muerte e invalidez.
El Ministerio de Economía también descartó las aseveraciones en relación a que no se efectuaría la devolución de aportes porque el Estado no cuenta con recursos. Explicó que esta expresión “carece de fundamento, debido a que los Fondos del SIP son un patrimonio autónomo distintos inclusive al de las AFP”.
En pasados días, el economista Germán Molina señaló que hay una serie de aspectos que buscan limitar el retiro de aportes a las AFP, puesto que esa salida de recursos ahondaría los problemas de liquidez que tiene el Tesoro General de la Nación (TGN).
“Es una política errada, que no debería hacerse. Si bien lo han hecho en otros países, es porque están en mejores condiciones económicas; no porque lo haga un país determinado lo vamos a hacer nosotros, porque las características son distintas”, explicó.
Por otro lado, la cartera de Economía señaló que los asegurados que retiren sus aportes podrán parciales o totales reponerlos antes de jubilarse. Para ello, deberán reponer los recursos retirados más los rendimientos que éstos hubieran generado. Esto incrementará la cuenta personal previsional del trabajador.
LA MEDIDA REQUIRIÓ ANÁLISIS RESPONSABLE
El Ministerio de Economía informó que la Ley 1392 para la devolución de aportes es una medida que fue analizada cuidadosamente, realizando un trabajo responsable para beneficio de las y los asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Según un boletín oficial, la devolución de aportes fue un proyecto requerido y solicitado en distintas oportunidades por trabajadores, aglutinados en diversas agrupaciones ciudadanas.
Por ello, “causa extrañeza que ahora, estando a puertas de cumplir una demanda que es enormemente requerida por los trabajadores y fue consensuada por el Órgano Legislativo y el Ejecutivo, traten de confundir, atemorizar y desvirtuar el proyecto de ley”, dice el documento.
Fuente: Los Tiempos
Ya hay luz verde para que desde el 5 de octubre el universo de 1.464.375 de potenciales beneficiarios se acerquen a las entidades financieras a retirar una parte o el total de sus aportes jubilatorios a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o pidan directamente la transferencia de su dinero a sus cuentas personales.
Sin embargo, el reglamento presentado ayer revela nuevos ‘candados’ que limitan el acceso a estos recursos que pidieron los aportantes para aliviar su economía afectada por la pandemia.
Estos nuevos filtros, de acuerdo con el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, establecen que están excluidas del beneficio las personas que hubieran realizado ocho aportes en los últimos 16 meses (de marzo de 2020 a julio de 2021), sean continuos o discontinuos. Asimismo, aquellos que recibieron su salario de julio de 2021 en agosto, independientemente del tipo de asegurado incorporado al Sistema Integral de Pensiones (SIP).
Se mantienen excluidos, de acuerdo a la ley, quienes cuenten con una prestación o beneficio de la Seguridad Social a Largo Plazo al 31 de agosto de 2021, como asegurado o derechohabiente.
También quedan marginados quienes hayan solicitado una prestación o beneficio de Seguridad Social a Largo Plazo, como asegurado o derechohabiente.
La autoridad precisó que otro grupo que no será beneficiado son los que al 31 de agosto de 2021 tengan 58 o más años de edad y cuenten con al menos 10 años de aportes a la Seguridad Social a Largo Plazo.
El último freno está destinado a aquellas personas que hubieran efectuado aportes como dependiente de entidades o empresas del sector público, a partir de diciembre de 2019.
De acuerdo con el DS 4582 que reglamenta la Ley 1392, serán las AFP las encargadas, en ocho días hábiles, a partir de la publicación del DS (que fue realizado ayer 16 de septiembre), de identificar a los asegurados excluidos y paralelamente deberán dar a conocer qué personas accederán a la devolución parcial o total, tomando en cuenta el saldo de su Cuenta Previsional Personal (CPP), al 31 de agosto de 2021.
Otro cambio en el reglamento establece que si el aportante no repone el dinero que ha recibido, accede a las prestaciones y beneficios del SIP, pero pierde la Pensión Solidaria de Vejez. Es decir, no será excluido del seguro de salud ni de los beneficios de la jubilación, como se contempló en primera instancia.
Aconsejan evitar el retiro
Jaime Dunn, analista financiero, definió el reglamento para la devolución de aportes como una muy mala política de Estado y remarcó que es un pésimo negocio el retiro de los aportes para la jubilación, por lo que aconsejó tratar de evitarlos.
Dunn precisó que aquella persona que retire los Bs 15.000 y no es disciplinada y quiera devolver ese monto en 15 años, tendrá que pagar un extra de Bs 30.000 por concepto de rendimientos, estimado al 5% anual.
También observó que los que retiren dinero de su CPP y no lo repongan perderán la fracción solidaria, una variable que según Dunn es muy importante pues en muchos casos permite mejorar la jubilación en tres o cuatro veces.
Sobre el tema, Montenegro calificó de ‘magos ‘a los analistas que hacen proyecciones de los futuros rendimientos, aunque reconoció que aquellas personas que retiren sus aportes y no repongan los rendimientos se verán perjudicadas en su jubilación y dejarán de percibir la pensión solidaria.
A su vez, Gustavo Rodríguez Cáceres, investigador de la Organización para la Seguridad Social Flora Tristán, remarcó que las personas que retiren todo su capital perderán el derecho a una pensión vitalicia y a un seguro de salud; las personas que retiren una parte de su capital perderán el derecho a una Pensión Solidaria de Vejez.
Para el economista, Germán Molina, la redacción del reglamento denota cautela y es excluyente. Además, el experto ve dos grupos: el primero es el que está por jubilarse y el Estado busca protegerlos, y el segundo tiene que ver con aquellos que han sido aportantes en determinados periodos y que se los margina, como el caso de los empleados públicos que empezaron a aportar a las AFP en diciembre de 2019 y donde el sesgo político es el detonante (trabajaron en la gestión de Jeanine Áñez).
Para tomar en cuenta
¿Cuándo devuelven?
Según el Gobierno, las devoluciones totales o parciales deben comenzar el 5 de octubre en todo el territorio nacional.
¿Cómo será el retiro?
La devolución de los aportes a las AFP se realizará en un solo pago. Será en las entidades financieras o también mediante un depósito en las cuentas particulares de los beneficiados.
¿Plazo para el retiro?
La persona tendrá 90 días para hacer efectivo el retiro de sus aportes de una de las dos AFP que operan en el país.
Obligación
Las AFP tienen la tarea de instalar distintos canales de información para atender al público.
Fuente: El Deber
La Gestora Pública de la Seguridad Social comenzará a funcionar en un año con la inscripción de los nuevos afiliados que cotizarán al Sistema Integral de Pensiones (SIP) para su futura jubilación, anunció el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Mientras que dentro de los siguientes 20 meses la entidad estatal estará en condiciones de culminar el traspaso de la información y los datos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sobre el SIP.
“Hemos hecho los cálculos, en 12 meses, la Gestora va a poder comenzar a funcionar e inscribir a los nuevos aportantes y en 20 meses va estar listo el software de transferencia de los datos de las AFP para el sistema”, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Explicó que los sistemas de las AFP datan de hace varios años y la nueva plataforma debe estar en condiciones de capturar toda la información.
El Decreto Supremo 4585, aprobado el miércoles por el gabinete del presidente Luis Arce y cuyos alcances difundió Página Siete ayer, establece la ampliación de plazos para el inicio de actividades de la Gestora.
El artículo 2 de la norma señala: “La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo iniciará actividades en los regímenes Contributivo y Semicontributivo de forma parcial dentro de 12 meses siguientes a la publicación del presente decreto supremo y de manera total en un plazo no mayor a 20 meses computados de igual manera”.
Esto significa que de forma parcial la entidad arrancará operaciones el 15 de septiembre de 2022 y de forma total el 15 de mayo de 2023.
El Gobierno justifica el atraso debido a que “en el proceso de migración de información entre las AFP y la Gestora Pública de Seguridad Social se han presentado dificultades en la transferencia de los datos, lo que ha provocado que la Gestora no pueda cumplir con los plazos establecidos para el inicio de actividades en los regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones (SIP), siendo necesaria una reingeniería de la empresa que implica un nuevo cronograma y recursos”.
El gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, observó que a más de 10 años de vigencia de la Ley 065, la Gestora no ha podido hacerce cargo del SIP.
“Ahora se establece un plazo nuevo, creemos que se debe dar certidumbre a los aportantes al SIP, porque al final son los que necesitan saber que van a poder jubilarse cumpliendo requisitos y recibir una renta de vejez y jubilación digna”, precisó.
Por eso es importante a partir de ahora se fije un plan de trabajo que establezca cómo va a ser la transición de las AFP a la Gestora Pública y de qué manera se van a administrar los aportes que van a permitir garantizar a los asegurados al SIP una jubilación.
Armando Álvarez, exgerente de la Bolsa Boliviana de Valores, opinó que el funcionamiento del software para el registro de nuevos aportantes, de las contribuciones, prestaciones y la transferencia de la base de datos de las AFP, la administración del portafolio de inversiones es el principal desafío de la Gestora y eso aún no está claro. “Una vez instalado el software y se lo pruebe se podrá registrar a los aportantes y la base de datos”, subrayó. Éste es un proceso complejo y la causa de las varias prórrogas de la Gestora, agregó.
Retraso y laudos
Atraso La Ley 065 de 2010 estipula que los fondos de pensiones privados pasen a manos de la Gestora, pero el inicio de operaciones de la estatal ya sufrió 5 retrasos debido principalmente a la dificultad que se tiene en la migración de información desde las AFP.
Arbitraje El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el grupo Zurich interpusieron laudos contra el Estado.
Fuente: Página Siete
El Gobierno decidió postergar por un año el inicio parcial de operaciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social y por 20 meses, hasta 2023, el pleno funcionamiento de la estatal en reemplazo de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
El Decreto Supremo 4585, aprobado ayer por el gabinete del presidente Luis Arce Catacora, establece la ampliación de plazos para el inicio de actividades de esta entidad.
El artículo 2 de la norma señala: “La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo iniciará actividades en los regímenes Contributivo y Semicontributivo de forma parcial dentro de 12 meses siguientes a la publicación del presente decreto supremo y de manera total en un plazo no mayor a 20 meses computados de igual manera”.
Esto significa que de forma parcial la entidad arrancará operaciones el 15 de septiembre de 2022 y de forma total el 15 de mayo de 2023.
El Gobierno justifica el atraso debido a que “en el proceso de migración de información entre las AFP y la Gestora Pública de Seguridad Social se han presentado dificultades en la transferencia de los datos, lo que ha provocado que la Gestora no pueda cumplir con los plazos establecidos para el inicio de actividades en los regímenes Contributivo y Semicontributivo del Sistema Integral de Pensiones (SIP), siendo necesaria una reingeniería de la empresa que implica un nuevo cronograma y recursos”.
AFP con más vida
El artículo 4 del decreto 4585 además alarga la vida de funcionamiento de las AFP. “Las AFP deben continuar con sus operaciones hasta que se concluya la totalidad de las tareas para el inicio de actividades de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y regulación expresa a ser emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).
La disposición transitoria única del decreto estipula que la APS: a) Reglamentará las actividades parciales de la Gestora en los regímenes Contributivo y Semicontributivo y aprobará un cronograma con plazos y acciones para el traspaso del Sistema Integral de Pensiones (SIP).
b) Hasta los cuatro meses siguientes a la publicación del decreto (15 de enero de 2022) emitirá la reglamentación correspondiente para el traspaso del SIP entre la Gestora y las AFP, y las actividades totales de la entidad estatal de pensiones.
El financiamiento
Para financiar la estructuración y puesta en marcha de la Gestora, el gobierno de Evo Morales aprobó mediante decreto 3123 de marzo de 2017 un fideicomiso de 120 millones de bolivianos administrado por el Banco Unión. El mismo tenía un plazo de 11 años. Ahora con el decreto 4585 se extiende el plazo de este fideicomiso hasta 15 años.
Retraso por quinta vez
La Gestora Pública fue creada por la Ley de Pensiones 065 del 10 de diciembre de 2010, pero sus estatutos recién fueron establecidos el 15 de enero de 2015, con el Decreto Supremo 2248.
Este decreto indica que la Gestora debía iniciar sus operaciones en junio de 2016; sin embargo, el 15 de junio de ese año se promulgó el decreto 2802, que establecía el inicio de operaciones en un plazo de 15 meses desde la promulgación del primer decreto ampliatorio, es decir que su arranque estaba previsto para 15 de septiembre de 2017.
El 20 de septiembre de 2017 se promulgó el Decreto Supremo 3333 que postergó el inicio de funciones de la Gestora hasta el 20 de marzo de 2019.
El Decreto Supremo 3837 del 20 de marzo de 2019 amplió por 30 meses el plazo de inicio de actividades al público de la entidad estatal en cuanto a los regímenes contributivo y semicontributivo. Ese plazo vencía este 20 de septiembre.
Afiliados y recursos administrados
Ahorro El Sistema Integral de Pensiones (SIP) cuenta con 2.470.834 afiliados a junio de este año, según datos de la Autoridad de Fiscalización en Pensiones y Seguros (APS).
Asegurados La AFP Previsión tiene 1.325.042 afiliados registrados y la AFP Futuro otros 1.145.792.
Fondos La recaudación a junio de las dos AFP fue 976.783.123,55 bolivianos.
Administración El total de la cartera de inversiones los fondos del SIP asciende a 20.088.900.673 dólares, de acuerdo con la APS a junio.
Riqueza El valor de los fondos del SIP suman 21.930.317.056 dólares a junio de este año y valorado a precios de mercado
Deuda La mora del SIP a julio de este año suma 76.519.836,49 bolivianos.
Ingreso El decreto 4585 fija que la Gestora percibirá un incremento de Bs 2,56 a la comisión que recibe actualmente por cada operación de pago de Renta Dignidad.
Expertos: Era difícil arrancar ahora con la Gestora estatal
Analistas observaron que el inicio de funciones de la Gestora Pública de la Seguridad Social era muy difícil este año debido a que la migración de datos desde las administradoras de fondos de pensiones (AFP) es un proceso complejo.
El experto en pensiones Alberto Bonadona indicó que era poco probable el arranque. “Tarde o temprano van a desarrollar el software y traspasar la información, pero no es una tarea sencilla, son al menos un millón de cuentas de aportantes activos y 1,4 millones de personas que dejaron de aportar”, recalcó.
Explicó que en un principio por lo menos se necesita traspasar las cuentas de los aportantes activos, el resto en forma gradual. Además la Gestora debe contar con instalaciones en todo el país y personal. “Se debe recontratar a los funcionarios de las AFP, que es lo más aconsejable”, añadió.
El investigador del Cedla Carlos Arze indicó que no se avanzó en migración de datos y no se completó la infraestructura con la que debe operar la entidad. En 11 años no se logró hacer el cambio. “Cada AFP tiene sistemas diferentes , el problema es cómo se hará la adecuación y en infraestructura se necesita oficinas y ahí hay una gran dificultad que tiene que ver con ineficiencia y negligencia, se perdieron varios años, la Ley de Pensiones es de 2010, una década y no se avanzó nada”, puntualizó.
El analista Pablo Pinell opinó que la migración de datos de las dos AFP a una sola plataforma es el desafío de la Gestora. El problema es que cada AFP maneja un software diferente.
Fuente: Página Siete
